Claridad legal,
tradición centenaria.

Depende de varios factores, como la preparación de la documentación y la carga registral de la propiedad. En general, desde la firma del contrato de arras hasta la escritura ante notario, el proceso suele tardar entre 4 y 8 semanas, aunque puede alargarse si hay trámites pendientes o cargas sobre la propiedad.

Sí. Todo comprador extranjero debe disponer del Número de Identificación de Extranjero (NIE) para realizar la compra, inscribir la propiedad en el Registro de la Propiedad y pagar impuestos.

Depende si la propiedad es nueva o de segunda mano:

Vivienda nueva: IVA del 10% + AJD (Actos Jurídicos Documentados).

Vivienda de segunda mano: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), variable según la comunidad autónoma.

Además, hay que tener en cuenta los gastos notariales y registrales.

Dependerá de la situación, pero normalmente se requieren: certificado de defunción, testamento o declaración de herederos, certificados de nacimiento y matrimonio de los herederos, documentación de los bienes y propiedades y, en herencias internacionales, documentos apostillados o legalizados en el país de origen.

El plazo varía según la complejidad y la existencia de bienes en varias jurisdicciones. Normalmente, un procedimiento sencillo puede tardar entre 3 y 12 meses, mientras que herencias internacionales o con disputas pueden prolongarse varios años.

Sí, cualquier heredero puede renunciar expresamente a la herencia mediante escritura pública ante notario. La renuncia es irrevocable y debe formalizarse siguiendo la normativa española.

Según el Reglamento (UE) 650/2012, aplica la ley del país de residencia habitual del causante al momento de su fallecimiento, salvo que este haya elegido otra ley en testamento. Algunos bienes inmuebles pueden regirse por la ley del país donde estén situados.

Sí, un contrato internacional puede ser válido en España siempre que no contravenga la ley española, el orden público o normas imperativas. A menudo se recomienda traducir y legalizar el contrato para que tenga plena eficacia ante tribunales españoles.

El incumplimiento permite reclamar judicialmente el cumplimiento, la resolución del contrato y/o indemnización por daños y perjuicios. También se puede acudir a mecanismos de arbitraje si el contrato lo prevé.

Para que tenga efectos legales ante autoridades o tribunales españoles, sí es necesaria una traducción oficial (traductor jurado) si el contrato está en otro idioma.

Sí, es recomendable que un abogado especializado revise los contratos antes de firmarlos, para garantizar cumplimiento legal, correcta redacción de cláusulas y protección de tus derechos.

En general, el plazo de prescripción de deudas personales en España es de 5 años desde que la deuda es exigible, según el artículo 1964 del Código Civil. Existen plazos especiales según el tipo de obligación.

La separación implica la ruptura de la convivencia y la organización familiar, pero no disuelve legalmente el matrimonio. El divorcio disuelve legalmente el matrimonio, permitiendo a los cónyuges contraer nuevas nupcias.

Sí, cualquier víctima de un accidente puede reclamar indemnización por daños personales y materiales, mediante acuerdo extrajudicial con la aseguradora o por vía judicial si no hay acuerdo.

Se puede iniciar un procedimiento judicial de desahucio por impago, tras notificación formal al inquilino y cumplidos los plazos legales, incluyendo reclamación de rentas impagadas.

Las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y no vinculan al consumidor. Se puede reclamar judicialmente su nulidad y la reparación de daños ocasionados.

Depende de factores como responsabilidad, capital, número de socios y fiscalidad. Las más comunes son Sociedad Limitada (SL) y Sociedad Anónima (SA). Cada tipo tiene ventajas y requisitos legales específicos.

Sí, cualquier persona puede constituir empresa en España, aunque se requiere NIE y cumplir con trámites de inscripción, impuestos y licencias según el tipo de sociedad.

Es un proceso de verificación legal, fiscal y financiera de una empresa antes de una operación, para detectar riesgos y obligaciones.

Puede iniciar procesos de reestructuración, refinanciación o, en casos graves, concurso de acreedores según la Ley Concursal española, para proteger los derechos de socios y acreedores.

Mantener la calma, no declarar sin abogado y solicitar asistencia legal inmediata. Tienes derecho a guardar silencio, a comunicar tu detención y a ser asistido por un abogado.

La denuncia la puede presentar cualquier persona ante un hecho delictivo, mientras que la querella la presenta la víctima directamente y permite mayor intervención en el proceso.

Sí, en delitos privados, la víctima puede desistir o retirar la denuncia. En delitos públicos, la acción sigue aunque la víctima desista, salvo disposiciones específicas.

Es un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía para aceptar los hechos y la pena propuesta, lo que puede conllevar reducción de la pena y agiliza la resolución judicial.